El mes de julio estuvo marcado por la tragedia. Fue la culminación de una manera de gobernar. Un manotazo sobre la mesa para intimidar a la incipiente participación social.
El 9 de julio, policías estatales hirieron en la cabeza al menor José Luis Alberto Tehuatlie durante el desalojo de la Vía Atlxcáyotl, en San Bernardino Chalchihuapan, y el niño murió una semana después.
La brutal respuesta del gobierno a un reclamo justo de la población, le dio la vuelta al mundo. El nombre del estado estuvo en medios norteamericanos y un canal iraní. El caso fue llevado a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sumido en una crisis de desprestigio, el equipo del gobernador se dedicó a culpar a la población. Lejos de aplicar la justicia, el gobierno recurrió a presiones políticas y a las notas pagadas en medios afines para justificarse y evitar su responsabilidad en la muerte del menor.
Sin embargo, las teorías inventadas por la administración poblana para explicar la muerte de Tehuatlie fueron derribadas una a una y lo desnudaron como un gobierno represor.
Cuando los ediles se organizaron para pedir que el Registro Civil regresara a sus comunidades, el secretario General de Gobierno calificó su petición de absurda, inmadura e irresponsable. Desde el gobierno argumentaron que en las juntas auxiliares de Puebla se inscribía en el Registro Civil a migrantes centroamericanos, sin embargo las pruebas que presentaron no convencieron a nadie y la protesta continuó.
Pese a la turbulencia política que se vivía en la entidad, el presidente del PAN estatal se atrevió a declarar que el gobernador Moreno Valle aún tenía posibilidades para ganar la presidencia del país en 2018.
A finales del mes, el gobierno abrió un nuevo frente de batalla cuando lanzó la licitación para construir el Parque de las 7 Culturas, a un lado de la pirámide de Cholula.
